Posicionamiento
La censura a los medios y las limitantes a la Libertad de Expresión, pareciera que se han vuelto una constante que intenta dinamitar el ejercicio de prensa libre y judicializar las críticas a gobernantes y gobiernos; esto es patente desde las iniciativas de leyes federales, como la de radiodifusión, hasta acciones estatales que criminalizan la crítica o que intentan darle un cariz de legalidad a la intimidación periodística y ciudadana.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores llevó a los tribunales locales al periodista Jorge Luis González Valdez, un hombre de 72 años de edad, quien desde el 2016 fue jubilado tras dejar la dirección del periódico “Tribuna”.
Lo acusó por el delito de calumnias y discurso de odio en contra de la Gobernadora; el tribunal, solicito y acomodado a los designios gubernamentales no dudó en conceder la razón a la señora Sansores y sentenció al periodista a no poder ejercer el periodismo durante dos años, pagar dos millones de pesos de indemnización a un funcionario de ese gobierno, mientras que al medio de comunicación lo obligan a desaparecer su edición digital.
La intimidación no solamente es para Jorge Luis González, es un claro mensaje para todos los periodistas de Campeche que tengan la osadía de criticar, cuestionar o reclamar a la gobernadora Layda Sansores.
Mientras tanto, en Puebla, el Congreso de ese estado, aprobó una ley de Ciberseguridad que esconde censura disfrazada de una falsa intención de proteger a la niñez del ciberacoso.
Dicha legislación, que incluso fue publicada en el Diario Oficial de esa entidad, criminaliza las expresiones de mofa o burla en contra del gobernador Alejandro Armenta; lo cual exhibe el grado de intolerancia y la insensibilidad al cuestionamiento ciudadano.
Lo que aprobó el Congreso poblano, con el visto bueno del gobernador Alejandro Armenta, no es otra cosa que un acto de censura a las expresiones públicas de ciudadanos y periodistas en redes sociales.
Se trata de otro intento más por limitar la Libertad de Expresión a contentillo de un gobernante que no soporta las expresiones libres de los ciudadanos.
Ante estos hechos, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores establece su postura:
1.- Rechazamos los actos de censura que se promueven disfrazándolos de actos legales.
2.- Rechazamos la persecución en contra de periodistas a quienes se les criminaliza por sus expresiones críticas en contra de gobernantes.
3.- Consideramos lamentable que en una democracia todavía existan resquicios de intolerancia, soberbia y abuso de poder que se utilizan para condenar periodistas, sancionar conductas que conllevan críticas a los gobiernos y que todo se haga a escondidas de los ciudadanos.
4.- Nos negamos a aceptar leyes injustas y hechas en lo oscurito, que no pasaron por el tamiz de la consulta ciudadana o de un verdadero parlamento abierto, que solamente intentan blindar a los gobernantes de las expresiones pícaras y descarnadas que forman parte de nuestra cultura cuando se trata de criticar a un gobernante.
Exigimos:
1.- Una atención profesional e independiente al caso de Jorge Luis González Valdez; que la gobernadora Layda Sansores asuma el compromiso de respetar la libertad de expresión del periodista y deje de intimidar a otros colegas periodistas en Campeche.
2.- Que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, emita un veto total a la Ley de Ciberseguridad que se aprobó por su congreso y que deje de disfrazar sus deseos de amordazar a los ciudadanos con acciones pseudo legales que solamente esconden censura y criminalizan expresiones populares en contra de él o de su gobierno.
3.- A la presidente Claudia Sheinbaum Pardo le solicitamos haga uso de sus facultades legales, políticas y de liderazgo ante estos gobernantes, para que los conmine a conducirse bajo los estándares democráticos y los obligue a respetar la libertad de expresión, por más severa que pueda ser en contra de cualquier gobernante.
No podemos permitir que estos actos de intimidación prosperen, de hacerlo se vuelven un mal ejemplo que cualquier otro gobernante intentaría emular y con ello proliferaría una censura institucional que en nada sirve para el desarrollo de la sociedad y menos le abona a la democracia de México.
Ciudad de México a 16 de Junio del 2025
Comité Ejecutivo del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Presidente
Rafael Cano Franco
